Guadalajara, Jal. Mx., // //
Sector privado se une y denuncia a jueza por caso “Aeropuerto”
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FOTO Laura Gutiérrez FOTO Laura Gutiérrez

Las cúpulas empresariales de Jalisco salieron de nueva cuenta en bloque y ahora fue para anunciar que interpusieron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado, en contra de la juez Primero de lo Civil de Tlajomulco, Aurora Graciela Anguiano Quijada, por considerar existe la posibilidad de que actuó de manera ilegal en el caso “Aeropuerto” que lleva meses y no hay solución.

 

Lo anterior lo dieron a conocer en rueda de prensa los presidentes de Coparmex Jalisco, José Medina-Mora Icaza; del Consejo Agropecuario de Jalisco; Jacobo Cabrera; el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel Rodríguez; el presidente del Centro Bancario de Jalisco; Andrés Mayo Crivelli y representantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara y del Consejo Mexicano de Comercio e Inversión de Occidente (Comce); así como los abogados del sector privado.

 

Aseguraron que el mismo miércoles oficializarían las citadas demandas y aseguraron que no están a favor ni en contra de nadie, sino de que prevalezca cuanto antes el Estado de Derecho y que no se siga afectando la imagen de Jalisco a través del Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo” de Guadalajara.

 

Dieron a conocer que el17 de febrero del presente año, la jueza primero de lo civil, de Tlajomulco de Zúñiga, Licenciada Aurora Graciela Anguiano Quijada, mediante un juicio interdictal (290/2017), otorgó la posesión del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al comisariado ejidal “El Zapote”.

 

La demanda la presentó el comisariado ejidal “El Zapote”, en contra de las personas morales “Puerta Cero Parking S.A. de C.V.”, “Aeropuerto Guadalajara S.A. de C.V”, “Grupo Aeropuertario del Pacífico S.A. de C.V.”, y la “Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

 

Se dijo que en las cúpulas se analizó el caso por expertos jurídico y se percataron que, con mucha probabilidad, la jueza, ha cometido ilegalidades y delitos en contra de la administración de justicia, y en perjuicio de bienes federales, al otorgar la posesión del estacionamiento del Aeropuerto al comisariado ejidal “El Zapote”.

 

Señalaron que “por lo antes expuesto motivo por el cual las cúpulas empresariales hemos tomado la decisión de interponer, en contra dicha funcionaria, una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado, para que sean estas autoridades las que determinen la situación legal de dicha juzgadora”.


Se dijo que la decisión de interponer la denuncia penal y la queja, se tomó por las siguientes consideraciones:

 

-Resulta inusual y sospechoso la rapidez con la que la jueza, admitió la demanda interdictal y otorgó la restitución de la posesión del estacionamiento del aeropuerto al ejido “El Zapote”, pues la demanda interdictal se presentó el 16 de febrero de 2017, y la jueza la admitió a trámite, y dictó la medida cautelar de restitución de posesión, al siguiente día, esto es, el 17 de febrero de 2017.

 

-La resolución de la jueza no valora ninguna prueba.

 

-No establece un límite a la medida cautelar (por ejemplo, que al aplicar tal medida se respeten derechos posesorios de terceros, y que no se cometan delitos o violaciones a derechos fundamentales).

 

-Dentro de la medida cautelar de restitución de posesión, impone una fianza al comisariado ejidal “El Zapote” irrisoria de 50 mil pesos, ya que dicha cantidad no podría garantizar nunca los posibles daños y perjuicios, que podrían causarse por el uso de tal medida en un aeropuerto internacional.

 

-Dicta una medida cautelar (restitución de la posesión), sin audiencia de la parte demandada, y, en todo caso, con un efecto propio de una sentencia de fondo de un interdicto.

 

-La jueza se extralimita de manera ilegal con la admisión a trámite del interdicto, y con la concesión de la medida cautelar, pues la parte actora solicitó en su demanda, exclusivamente, interdicto para retener la posesión, y la jueza de manera parcial, excesiva e ilegítima (quien de acuerdo a la Ley no puede ir más allá de lo que le soliciten las partes), concedió una medida para restituir la posesión.

 

-Notoriamente, la jueza no era competente para conocer de un asunto que es exclusivamente de orden federal, pues de acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Bienes Nacionales1 y al artículo 3º de la Ley de Aeropuertos 2, cualquier asunto relacionado con bienes federales y aeropuertos, es de exclusiva jurisdicción federal.


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