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DIF Guadalajara avanza en la búsqueda de la certificación como espacio 100% libre de humo
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DIF Guadalajara avanza en la búsqueda de la certificación como espacio 100% libre de humo

Desde el 2009, la ley establece que no se debe fumar en espacios públicos para proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco, ya que uno de los factores de riesgo para la salud es el consumo de tabaco.

 

Evitar el tabaco ha sido una campaña constante y se ha acentuado en DIF Guadalajara, que busca lograr la certificación que otorga la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (COPRISJAL), así lo señaló Martha Moreno, psicóloga en el área de prevención de adicciones de este organismo.

 

Con el apoyo y orientación del Consejo Estatal de Adicciones (CECAJ), se difunde información preventiva al personal y en los centros se siguen los pasos que establece la ley para obtener dicha certificación.

 

Ha sido un trabajo arduo, la mayoría de los centros cumple con los requisitos, acercándonos a la certificación que otorga COPRISJAL”, agregó Martha Moreno, al mencionar que en el marco del Día Internacional de no fumar, que se conmemora el 31 de mayo, se realizará un evento en DIF Guadalajara donde CECAJ brindará una plática y entregará reconocimientos a los centros visitados por cumplir con las especificaciones.

 

Para que un edificio sea 100% libre de humo, el personal, usuarios o visitantes no deben fumar en las instalaciones. Deben respetar la señalética, letreros, logotipos, emblemas establecidos por la Secretaría de Salud que indican evitar el consumo de tabaco

 

En DIF se cuenta con un grupo de personas encargado del acercamiento con los fumadores para pedirles que coadyuven a mantener el espacio libre de humo, también se les informa sobre los efectos del consumo de tabaco.

 

El personal de este organismo pone el ejemplo, respetando las indicaciones con respuesta favorable, y esto ha reducido su manera de fumar.

 

Comprometidos con lograr la certificación estamos siguiendo los pasos, evitando amonestaciones, multas, clausura temporal/definitiva o arresto hasta por 36 horas, que son las sanciones a las que se somete a las instituciones que no acatan la ley.


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